Testimonio y Crítica sobre la Doctrina y Logística en el Ejército del Perú.- Históricamente, en los cuarteles del Perú ha predominado el uso de manuales y reglamentos de procedencia extranjera. Esta dependencia se hizo evidente desde la llegada de los conquistadores españoles y se mantuvo incluso durante la infausta Guerra con Chile (1879-1883). En aquel conflicto, generales como Mariano Ignacio Prado y Ochoa, Juan Buendía Noriega, Luis La Puerta y Belisario Suárez, entre otros, continuaron empleando normativas caducas de la época virreinal, lo que trajo resultados funestos para los intereses de la patria.
Tras aquel fracaso militar, el
presidente Nicolás de Piérola Villena contrató a la Misión Militar Francesa con
el objetivo principal de refundar el Ejército peruano. El 16 de septiembre de
1896 se suscribió en París el contrato que permitió enviar a un importante
número de cadetes a la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr. Poco después, el
7 de noviembre del mismo año, arribó al país la primera delegación de
instructores franceses. Sin embargo, bajo esa misma doctrina y con aquellos
nuevos manuales en nuestros cuarteles, el Perú terminó perdiendo la guerra con
Colombia.
Posteriormente, entre los años
1945 y 2020, los altos mandos inundaron las instituciones militares con copias
y calcos de los reglamentos del Pentágono, difundidos a través del Comando Sur
de los Estados Unidos. En las inspecciones rutinarias, la evaluación de la
Capacidad Operativa de las Unidades (COEq) de Combate y de las Grandes Unidades
de Combate se convirtió en una farsa. En los cuarteles, los oficiales
influenciados por la doctrina estadounidense obligaban al personal subordinado
a ensayar falacias día y noche; en el papel nos asemejábamos al ejército
norteamericano, pero al momento de afrontar la realidad, nuestra situación era
precaria. Así se demostró en la Campaña Militar del Alto Cenepa en 1995:
durante los desplazamientos hacia la frontera, las tropas se preparaban de una
forma completamente opuesta a lo practicado en aquellas simulaciones orientadas
a satisfacer los caprichos de una oficialidad mediocre, la cual cumplía órdenes
de un Alto Mando subordinado al Comando Sur. A la hora de la verdad,
marchábamos a la guerra tal como nos encontraba la situación, siendo
trasladados hacia las líneas de frontera en condiciones deplorables, hacinados
en camiones sobre pailas y cajas de municiones o granadas.
Esta falta de previsión se
agravó a partir del año 2000, ya que los batallones de infantería y artillería
dejaron de contar con vehículos de apoyo de combate para movilizar a sus
efectivos completos. Para suplir esta carencia se recurrió al "Plan de
Requisición de Vehículos", un mecanismo por el cual las municipalidades,
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las empresas privadas debían
ceder buses y volquetes para el traslado de carga y personal a las zonas de
combate. En la práctica, las únicas entidades que cumplieron, de mejor o peor
manera, fueron los municipios y el ministerio; las empresas privadas, dueñas de
grandes flotas de autobuses, brillaron por su ausencia y evadieron su
responsabilidad como si el problema no fuera con ellas. Ninguna empresa se
presentó voluntariamente en un cuartel para ofrecer sus unidades, evidenciando
la falta de firmeza por parte del Gobierno para exigir el cumplimiento de estas
obligaciones.
Durante el conflicto con
Ecuador en febrero de 1995, mientras permanecía en el Cuartel «El Milagro» de
Bagua, en Amazonas, observé con profunda amargura la llegada de varios
batallones procedentes de la sierra. Estas unidades traían como equipaje
frazadas, capotines y chompas de lana modelo "Jorge Chávez", prendas
totalmente inadecuadas para un clima tan caluroso y tropical. Asimismo, el
material de comunicaciones era obsoleto: llegaron equipados con radios de Muy
Alta Frecuencia (VHF) AN/PRC-77 y teléfonos de campaña TA-312/PT, equipos cuyo
rendimiento y alcance técnico resultaban inútiles en la accidentada geografía
del Alto Cenepa.
El desorden logístico también
se hizo visible en la costa. El Batallón Contrasubversivo Nº 323, acantonado en
Huamachuco (La Libertad), fue desplazado hacia Tumbes en camiones y volquetes
de carga. Al verlos pasar por la Carretera Panamericana Norte, se apreciaba a
la tropa viajando sobre las tolvas, mal uniformada, vestida con buzos negros,
con fornituras y mochilas deterioradas, sin cascos de acero ni placas de
identidad. Algunos soldados calzaban zapatillas, otros borceguíes de cuero y
algunos botas de jebe. Al igual que las unidades de la selva, este contingente
trasladó frazadas, chompas y capotines de lana a una zona costera ardiente,
olvidando elementos indispensables como cantimploras y mosquiteros, vitales
para el personal andino no habituado al calor extremo.
Una situación similar vivió el
Batallón de Infantería Motorizado "Capitán Juan Joyle Palacios" Nº 6
de Huaraz (Áncash), cuyos efectivos fueron trasladados a Tumbes en volquetes
municipales y del Ministerio de Transportes. A pesar de llegar mal uniformados
y mal equipados, la propaganda psicosocial de la época los promocionó
falsamente ante la población local como "hombres que comían carne
humana". No obstante, en las calurosas líneas de la frontera la realidad
fue vergonzosa: la gran mayoría carecía de cantimploras y, al no soportar las
temperaturas de 40 °C, los soldados se lanzaron a beber agua del canal
internacional. Al tratarse de aguas contaminadas, en menos de una semana
surgieron más de 140 casos de diarrea severa, dejando a los hombres
deshidratados, sin rancho suficiente, desprotegidos de los mosquitos e inaptos
para el combate.
A nivel personal, la noche del
6 de febrero de 1995, un grupo de 120 hombres de la Compañía "C" del
Batallón Contrasubversivo Nº 28, procedentes de Rioja (San Martín), fuimos
embarcados en el Cuartel «El Milagro» —sede de la Quinta División de Infantería
de Selva— en tres camiones civiles. Nos trasladaron hacia el cuartel de Mesones
Muro viajando de forma sumamente incómoda sobre cargamentos de víveres,
municiones, granadas, radios y baterías. Tras un viaje agotador de siete horas,
llegamos a nuestro destino en la madrugada del 7 de febrero, listos únicamente
para amanecer sentados en las bancas del comedor de tropa.
El trato que recibe el
personal militar encargado de defender la soberanía nacional debe transformarse
de manera radical. El transporte terrestre de las tropas tiene que realizarse
en autobuses adecuados que ofrezcan las comodidades necesarias para el combatiente.
Las empresas privadas disponen de flotas de vehículos suficientes y, cuando el
país se encuentra en un conflicto bélico, tienen la obligación moral de poner
sus unidades a disposición del Estado de forma voluntaria, sin necesidad de
esperar medidas coactivas. Empresas grandes de transportes bien podrían
destinar de manera solidaria cinco unidades con sus respectivos choferes para
apoyar a un batallón en defensa de la patria.

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