LA HISTORIA DE LOS DEFENSORES DE LA PATRIA POST CAMPAÑA MILITAR DEL ALTO CENEPA 1995

El Precio de la Lealtad: La Guerra Después de la Guerra. - La historia oficial del Perú suele cerrarse con la firma de la paz, pero para quienes entregamos la juventud y la sangre en las coordenadas del Alto Cenepa, la verdadera guerra comenzó al volver a los cuarteles. Aquella Junta de Calificadores del Ejército —un tribunal de escritorios, mapas limpios y uniformes sin barro— operaba bajo la sombra siniestra de la trilogía que corrompió las instituciones del país: el asesor Vladimiro Montesinos Torres, el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos y el presidente Alberto Fujimori. Ellos no solo negociaron el destino de la frontera; traicionaron la dignidad de los combatientes.

Durante los días de estruendo en las cotas, las promesas del comando caían tan rápido como la lluvia amazónica. Nos hablaron de honor, de respaldo y de un justo ascenso al grado inmediato superior, promesa que quedó calcada como una burla en los papeles de la Ley N° 26511 y su modificatoria, la Ley N° 27124. Al apagarse los fusiles, la clase política y los altos mandos levantaron un muro burocrático insalvable. El Ejército peruano se convirtió en el principal enemigo de sus propios veteranos, denegando sistemáticamente actas de invalidez, evaluaciones médicas e indemnizaciones. Oficiales, técnicos, suboficiales y la tropa del Servicio Militar Obligatorio pasamos a ser invisibles. Defender la soberanía se pagaba con el olvido.

Para romper ese olvido, cada combatiente tuvo que arrastrar su propio calvario administrativo. Lograr el ansiado reconocimiento significó enfrentarse a un sistema diseñado para desgastar al soldado. Los combatientes de Junín, de Tingo María, los valientes civiles "yachis" de Amazonas, los reservistas y el personal de tropa del Frente Huallaga fueron empujados a un laberinto de trámites engorrosos. Muchos de ellos, hoy lisiados o con profundos traumas mentales, siguen vagando en el anonimato. Quien osaba reclamar lo justo se exponía a la represalia de la superioridad.

La discriminación del Estado se hizo oficial el 9 de diciembre de 1999, Día del Ejército. En una ceremonia exclusiva, el comando repartió el botín del reconocimiento a un grupo selecto de mil doscientos combatientes, en su gran mayoría pertenecientes a las guarniciones de Lima. Para ellos hubo una medalla de oro valorizada en mil dólares y un incentivo de tres mil soles. Pero la historia no terminó ahí. Después del año 2000, más de dos mil quinientos combatientes logramos ser reconocidos como Defensores de la Patria tras años de litigio. Para nosotros, los postergados, ya no hubo medallas de oro ni incentivos económicos. El derecho de igualdad fue pisoteado, y al levantar la voz ante el Comando del Ejército y el Comando Conjunto, la respuesta de los escritorios fue un portazo frío: "Su reclamo es totalmente extemporáneo".

En mi caso, la batalla por la verdad duró doce años de desgaste absoluto. Desde 1995 sostuve el pulso contra el olvido, soportando el hostigamiento laboral y el castigo del arresto simple por el único delito de exigir lo que por derecho me correspondía. La victoria jurídica llegó recién el 10 de setiembre de 2007, cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se vio obligado a emitir la Resolución N° 448 CCFFAA/D1-PERS, ratificada posteriormente el 21 de setiembre de 2012 mediante la Resolución N° 328 CCFFAA/DAANN. El papel firmado reconocía que este servidor era un Defensor de la Patria, pero el costo humano ya estaba cobrado en el cuerpo y en la carrera.

Cargando una fractura, un trauma acústico severo y con las esquirlas de granada fijadas en el omóplato izquierdo como medallas perpetuas del combate, toqué durante veinte años consecutivos las puertas del Comando de Salud del Ejército (COSALE). Solicité una y otra vez que los médicos del Hospital Militar Central me sometieran a una evaluación física y mental integral. La orden desde las inspectorías fue tajante: denegar el pedido en todas las instancias.

Cuando decidí judicializar mi expediente para obligar al Ejército a evaluar mi salud, la maquinaria de la retaguardia descargó su venganza. Los arrestos simples se volvieron cotidianos desde el año 2001 y el hostigamiento se disfrazó bajo la clásica mampara militar de la "necesidad de servicio". Me convirtieron en un paria itinerante, trasladándome de unidad en unidad dentro de la guarnición de Lima para quebrar mi resistencia. En el año 2013, el destino me asignó al Batallón de Comandos "Comandante Espinar" N° 19. Allí, entre las sombras de una unidad de élite, el hostigamiento laboral continuó su marcha silenciosa, intentando doblegar el espíritu de un soldado que sobrevivió al fuego del Cenepa, pero que se niega a rendirse ante la cobardía de la burocracia.

El Laberinto del Viento y el Acantilado de la Cota 1232.- El calendario de la guerra dejó grabado a fuego el lunes 13 de febrero de 1995. En la cota 1232, en pleno Valle del Alto Cenepa, la selva se convirtió en un caldero de pólvora y metralla. El Batallón Contrasubversivo N° 28 de Rioja se batía cuerpo a cuerpo contra la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 “Patria” de Ecuador. Fue en el clímax de ese combate cuando el cielo pareció desplomarse: cuatro granadas de mortero de 60 milímetros, disparadas por las tropas invasoras, impactaron en cadena. La descomunal onda expansiva me arrancó del suelo y me hizo volar por los aires, arrojándome hacia el vacío de un acantilado.

El golpe contra las rocas y las raíces fue seco. En la caída, el quinto metacarpiano de mi mano izquierda se fracturó instantáneamente, mientras un tajo de cinco centímetros se abría en el dorso de la misma mano. Casi al mismo tiempo, la lluvia de fuego continuó y las cuarenta y tres esquirlas calientes de metal me alcanzaron el omóplato izquierdo. El estruendo ensordecedor de aquellas detonaciones quebró algo más que la tierra: desde ese preciso segundo, el trauma acústico severo se instaló para siempre en mi oído derecho. Hoy, la mano izquierda es el testimonio vivo de aquella tarde; debido a una pésima curación en campaña, quedó deformada, lisiada y con una severa limitación funcional.

El conflicto había estallado en enero, un mes que institucionalmente coincide con los cambios de colocación en las Fuerzas Armadas. Al apagarse los ecos de los fusiles en el Cenepa, los hombres de la corporación saliente que pusimos el pecho regresamos a las bases contrasubversivas a esperar el relevo oficial. A mí me tocó retornar a la Base Contrasubversiva del distrito de Yurimaguas. Allí permanecí durante dos meses y medio al mando de dicha posición militar. Fueron días amargos, gobernados por una invalidez temporal que la superioridad pretendía ocultar; tuve que costear mi tratamiento médico con mi propio peculio en el Hospital Regional de esa provincia, porque el Estado ya había comenzado a mirar hacia otro lado.

Al volver a la sede del Batallón Contrasubversivo N° 28 de Rioja, presenté dentro del término legal la solicitud formal para que el Comando del Ejército ordenara mi evaluación física y mental en el Hospital Militar Central. Buscaba que se reconociera legalmente mi incapacidad temporal. Sabía perfectamente que, si la institución firmaba ese diagnóstico, el Ejército estaba obligado por la Ley N° 26511 a otorgarme la indemnización y los beneficios económicos correspondientes. La respuesta de los escritorios fue la negación absoluta. Pretendieron borrar las secuelas del acantilado en cota 1232, a pesar de que la verdad era irrefutable: en los Anexos 1 y 2 del Parte de Guerra, fechado el 15 de mayo de 1995 y redactado por el propio Batallón Contrasubversivo N° 28 de Rioja, mi nombre figuraba con letras de molde bajo la condición de "Baja en combate ocurrida en la cota 1232, Valle del Cenepa". Ese mismo hecho quedó, años más tarde, impreso en la parte considerativa de la Resolución N° 448 del Comando Conjunto, emitida el 10 de setiembre de 2007. La contradicción de la burocracia era total: era una baja oficial para la historia, pero un paria para sus planillas de salud.

La persecución silenciosa no se detuvo con los años. En enero de 2014, la maquinaria de los traslados me envió lejos de la capital, asignándome a la Compañía de Comunicaciones N° 4 de la 4ta Brigada de Montaña, con sede en el frío altiplánico de Puno. Allí, a miles de metros de altura y lejos de la selva que defendí, el hostigamiento laboral y el maltrato psicológico continuaron como un castigo crónico por no haberme callado.

Cansado de la ingratitud, de los abusos sistemáticos y de la indolencia de una institución que prefirió premiar a los burócratas de retaguardia antes que curar a sus heridos de guerra, tomé la decisión más dura de mi vida militar. Con la dignidad intacta y la frente en alto, firmé mi solicitud y pedí mi pase a la situación militar de retiro el 15 de julio del año 2014. Dejé el uniforme, pero me llevé conmigo el orgullo de haber cumplido con la patria en la hora más oscura, dejando las pruebas de mi lealtad grabadas en la carne y en los Partes de Guerra que la historia jamás podrá borrar.